En puertas de las próximas elecciones generales del 20 de noviembre, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y el Tercer Sector de Acción Social quieren recordar a los partidos políticos la necesidad de adoptar medidas como una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad y un actualizado marco legislativo para la iniciativa social.
Ante la proximidad de las elecciones generales españolas, las entidades que trabajan en el tercer sector social piden a los partidos políticos que recuerden la necesidad de adoptar medidas que favorezcan la acción de la iniciativa social, así como otras que permitan que colectivos como el de las personas con discapacidad puedan disfrutar en igualdad de condiciones de sus derechos.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pide a “la fuerza política que sea elegida en las próximas elecciones” que siente unas bases renovadas para alcanzar la máxima empleabilidad y activación de las personas con discapacidad mediante una nueva ley de fomento de la inclusión laboral de éstas. Recuerda COCEMFE que datos como el de una tasa de empleo del 25% en el colectivo de personas con discapacidad, frente al 60% que alcanza la tasa general, hacen necesarias medidas como la nueva legislación propuesta, la especialización formativa, potenciar el trabajo de las entidades de intermediación, fomento del autoempleo e incremento de las inspecciones de trabajo.
“Es fundamental que se cumpla la LISMI, hay que respetar la cuota de reserva de empleo del 2% en las empresas de 50 ó más trabajadores, que a pesar de que fue aprobada hace 28 años todavía la incumplen dos de cada tres empresas. Para lograr este objetivo hay que reforzar los planes de inspección y aplicar las sanciones previstas en la ley”, señala Mario García, presidente de COCEMFE. García considera además que se debe reforzar las Agencias de Colaboración con los Servicios de Empleo, entre las que se encuentra COCEMFE, puesto que éstas pueden especializarse en colectivos con menos posibilidades de inserción, como mujeres con discapacidad, personas gravemente afectadas, o residentes en el medio rural.
Impulso a la iniciativa social
Desde el Tercer Sector de Acción Social, integrado por unas 29.000 entidades, se demanda a las fuerzas políticas un sistema de financiación “más justo, adecuado y sostenible” y un sistema de “diálogo permanente” que favorezca la participación en los procesos legislativos, informa el diario Solidaridad Digital. Estas entidades, que prestan servicios de apoyo directo a 8 millones de personas, mayoritariamente en situación de vulnerabilidad y exclusión, proponen la creación en el Parlamento de una Comisión Permanente sobre el Tercer Sector de Acción Social.
Desde el Tercer Sector de Acción Social, integrado por unas 29.000 entidades, se demanda a las fuerzas políticas un sistema de financiación “más justo, adecuado y sostenible” y un sistema de “diálogo permanente” que favorezca la participación en los procesos legislativos, informa el diario Solidaridad Digital. Estas entidades, que prestan servicios de apoyo directo a 8 millones de personas, mayoritariamente en situación de vulnerabilidad y exclusión, proponen la creación en el Parlamento de una Comisión Permanente sobre el Tercer Sector de Acción Social.
La situación actual y la evolución experimentada en los últimos años son para el Tercer Sector motivos suficientes para desarrollar un Plan de Apoyo y Modernización de éste, así como una Ley del Tercer Sector de Acción Social, puesto que se considera “inadecuado” el actual marco legislativo. Esta ley, consideran que debería venir acompañada por otra que regule una serie de subvenciones específicas para la iniciativa social.
Las propuestas que se plantean para lograr un nuevo marco de financiación que asegure el mantenimiento de las entidades del Tercer Sector de Acción Social van desde potenciar los sistemas de convenio y programas marco de duración plurianual para aquellas actividades que realiza el sector a la aprobación y aplicación de un plan de contratación socialmente responsable de las Administraciones Públicas. También se considera necesario avanzar en las fórmulas adecuadas de acceso al crédito; el establecimiento de una base “estable y suficiente” para la financiación de programas de acción social; el incremento del porcentaje hasta alcanzar el 1% de la cuota de los contribuyentes en el IRPF; o en equiparar los incentivos fiscales y elevarlas hasta el 50%.
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